Caleb McCarry ostenta el cargo de Coordinador para la Transición en Cuba. Su encomienda es algo así como la que tuvo Paul Bremer en Iraq, luego de la ocupación estadounidense del país árabe.
Pero hay una diferencia sustancial. McCarry no tiene oficina en La Habana, aunque él encabeza el esfuerzo de la administración de George W. Bush por derrocar a la Revolución cubana y hacer realidad la vieja teoría de la fruta madura, que devolvería a la Isla a aquella condición de apéndice neocolonial de Estados Unidos.
El procónsul designado por Bush para la “transición” en Cuba incluso realiza giras por Europa, a fin de sumar gobiernos y fuerzas políticas a una maniobra que ha transitado por todos los caminos, incluido el del terrorismo de Estado, con más de 3 000 víctimas mortales y una cifra similar de heridos y discapacitados.
Para tales menesteres no faltan los fondos. Así se organizan cócteles, seminarios y otras actividades financiadas por agencias norteamericanas que sirven de tapadera a la Agencia Central de Inteligencia. Madrid, Bruselas, Praga, Estocolmo, están entre los últimos escenarios de tales convites, que sirven de plataforma a los “disidentes” prefabricados.
Los trajines se multiplican de cara al nuevo informe que en mayo de este año presentará la autotitulada Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre, presidida nada más y nada menos que por la secretaria de Estado Condoleezza Rice.
La nueva convocatoria de la ComisiónÁ“envía un mensaje importante al pueblo de Cuba, la actual dictadura y a nuestros amigos y aliados democráticos: luego de 46 años de cruel dictadura, este es el momento del cambio en Cuba”, vocifera la Rice.
Claro que la verborrea de la Canciller no es nada nuevo en el calibre de la artillería retórica lanzada contra La Habana, aunque sirva para justificar la actual arremetida.
Pero así se anuncia el próximo mamotreto de la referida Comisión, cuyo plan precedente ha sido ejecutado en más del 80% sin impedir la marcha ascendente del pequeño y cercano país, cuyos índices económicos crecen a la par de trascendentales programas sociales.
Con rabia incontenida, la nueva versión del Plan Bush anuncia reforzamientos del bloqueo, recortes adicionales a los viajes de ciudadanos norteamericanos y cubanos, nuevos ámbitos de aplicación de la ley Helms-Burton, obstáculos al cumplimiento de los acuerdos migratorios y dificultades a las compras cubanas de alimentos, entre otros propósitos.
ESCALADA EN LA AGRESIVIDAD
Hechos bien cercanos grafican el incremento de la agresividad. Estados Unidos intentó sabotear hasta última hora la participación de Cuba en el I Clásico Mundial de Béisbol, mientras negó las visas a científicos, académicos, artistas y deportistas de la Isla, como también a ciudadanos norteamericanos que deseaban participar en diversos eventos en Cuba.
Un pasaje inédito de la fobia resultó la expulsión de una delegación empresarial cubana del hotel María Isabel, de la cadena Sheraton, en la capital mexicana, que provocó incluso una carta de protesta de más de una veintena de congresistas estadounidenses y la repulsa de sectores políticos y sociales de la nación azteca.
También se suman las auditorías de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), encargada de aplicar las disposiciones del bloqueo, a agencias de viaje de Miami, cuatro de las cuales perdieron sus licencias para ofrecer servicios hacia Cuba.
Por ahí anda también el incremento de las multas a entidades y ciudadanos norteamericanos bajo cargos de “violar” las disposiciones del cerco. Solo entre el 2004 y el pasado año 85 compañías y bancos, y 803 ciudadanos resultaron multados por un monto superior a los tres millones de dólares.
Se podrían sumar, además, alrededor de 200 miembros de la Brigada Venceremos y de Pastores por la Paz, que han sido amenazados por la OFAC con multas por 1,5 millones de dólares.
Entretanto, el adelanto de fuerzas favorables en el Capitolio al levantamiento de algunas de las sanciones del bloqueo a la Isla motivaron el reagrupamiento de los sectores más comprometidos con la mafia de Miami.
Desde allí fluye dinero para las contribuciones financieras a 139 miembros de la Cámara y 19 del Senado, que probablemente influyeron en el cambio de votos o lograr nuevos adeptos a la hora de rechazar cambios a las restricciones sobre los viajes a Cuba u otras enmiendas legislativas.
En todo esto no es casual que la administración Bush haya emplantillado en distintos niveles de responsabilidad a alrededor de 40 cubano-americanos, y que en este tiempo, como nunca antes, estuvieran representados en el Congreso.
Al respecto sobresale el caso de Carlos Pascual, coordinador de la Oficina de Reconstrucción y Estabilización del Departamento de Estado, todo un experto en imponer los designios de Washington en las ex repúblicas soviéticas por la vía del financiamiento a organizaciones locales.
Su Oficina tiene la encomienda de “ayudar a estabilizar y reconstruir las sociedades que se hallan en transición a raíz de conflictos o luchas internas, para que puedan hallar un rumbo sostenible hacia la paz, la democracia y una economía de mercado”, según el sitio oficial en Internet del Departamento de Estado.
En la práctica, esa dependencia supuestamente tiene la misión de, en el caso de Iraq, reconstruir lo que la invasión de marzo del 2003 destruyó, claro, de acuerdo con las prioridades e intereses del ocupante.
Para Cuba, entretanto, tendría entre sus prioridades fomentar la propiedad privada y asegurar la desnacionalización de la economía y los servicios, con el regreso de los latifundios y las transnacionales.
ORLANDO ORAMAS LEÓN
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